El Gobierno Digital, una aplicación inteligente de la tecnología a los procesos administrativos de contratación y resolución de trámites, produce resultados inmediatos donde se implanta con propiedad. Los beneficios se manifiestan en la eficiencia del servicio y la satisfacción del usuario, como sucede con la entrega de licencias de conducir y pasaportes, pero también en la economía de recursos y el aumento de la transparencia.
Eficiencia, ahorro y transparencia se traducen en legitimidad para la función pública. La relación del Estado con la ciudadanía sufre con el despilfarro, la falta de claridad y la frustración producto del trámite burocrático kafkiano al cual estamos acostumbrados hasta el cansancio.
En solo año y medio, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) economizó $5,6 millones mediante la adopción de un sistema de compras en línea. Para diciembre, la entidad planea tener el mecanismo en pleno funcionamiento, pues hasta ahora solo ha logrado aplicarlo al 80% de sus adquisiciones. El ahorro total estimado sería de unos $30 millones a finales de año, tomado como punto de partida la fecha de inicio del proyecto, en diciembre del 2010.
Son más de ¢15.000 millones en dos años, durante los cuales se ejecutaron los cambios de manera gradual. Al inicio, el porcentaje de compras en línea era bajo y fue creciendo con el tiempo. Por eso las primeras economías fueron relativamente reducidas y vienen creciendo de manera acelerada.
La digitalización de las compras promueve la competencia entre proveedores y mejora los precios. Alicia Avendaño, impulsora del Gobierno Digital, estima las rebajas en un 48%. El beneficio económico también deriva de la transparencia, antídoto contra la corrupción y el favoritismo.
La transacción digital produce, además, ahorro para los proveedores. Elimina el papeleo superfluo cuyo costo puede alcanzar hasta $2.000. La plataforma digital tramita las certificaciones requeridas para las negociaciones electrónicas y así economiza tiempo y dinero.
La destacada labor de Avendaño, cabeza de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, ya dejó huella en otras áreas de la Administración Pública, como el sistema aduanero, donde enfrentó intensa resistencia de intereses creados. El sistema TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero), ejecutado con apoyo del Gobierno uruguayo, agilizó los trámites, mejoró el control y por esa vía contribuyó a incrementar la recaudación.
Respaldar a la funcionaria para potenciar el desarrollo de su visión es una prioridad nacional. El Gobierno Digital debe ser política de Estado. Nació en la administración Arias, a cargo de doña Laura Chinchilla, entonces vicepresidenta. Avanza a paso firme y constituye un legado sobre el cual futuras administraciones deben construir.
La inversión del ICE en todos sus proyectos de Gobierno Digital es de $20 millones. En dos años habrá recuperado ese capital y obtenido una ganancia del 50%. Son resultados formidables, dignos de imitación en las demás instituciones.
El ICE y el Instituto Nacional de Seguros son pioneros en el uso del sistema Mer-Link, importado de Corea. Otras instituciones aplican sistemas diferentes y ya se cuenta con la experiencia necesaria para hacer una evaluación y decidir sobre la posible uniformidad de la tecnología, lo cual podría contribuir a su extensión.
Amén de las dos instituciones pioneras, otras doce, incluidas la Caja Costarricense de Seguro Social y el Poder Judicial, dos gigantes del gasto público, están en proceso de perfeccionar la digitalización de las compras. En conjunto, las 14 entidades dan cuenta del 80 por ciento de las compras de bienes y servicios del sector público. Mejorar sus procesos de adquisición sería un gran paso adelante.
Fuente: editorial del diario La Nación, de Costa Rica
